La batalla de lo público, los privados y los comunes

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Emiliano Terán Mantovani

            El actual conflicto global que se estructura en forma de una guerra biopolítica mundial, se juega como una complicada partida de ajedrez, donde cada escaque en el tablero planetario es vital. Se trata de un juego de suma cero que no puede ser sólo pensado a escala interestatal, sino que es necesario atender a las territorialidades en disputa, a los procesos moleculares donde las fuerzas vivas ‒sujetos y naturaleza‒ son atravesadas por mecanismos de dominación corporativizados tanto del capital como del Estado, proponiendo estas en cambio numerosas resistencias. La territorialidad histórica del capitalismo rentístico venezolano convierte a las urbes en los escenarios claves y principales de las disputas políticas contemporáneas nacionales, y más en un país donde en la actualidad casi el 90% de la población vive en ciudades.

            La emergencia de la «Revolución Bolivariana» ‒con el «Caracazo» como el acontecimiento clave de una reconfiguración radical del conflicto socio-territorial urbano‒, y la llegada del gobierno del presidente Hugo Chávez, se instalan e inscriben en una compleja territorialidad que va tomando su forma contemporánea con la transformación del metabolismo de las ciudades venezolanas a partir de los años 50 ‒ densificación urbana, desigualdad geográfica-social, movilidad automovilística excluyente, multitudes, individuación y desbordamiento‒, y la posterior desestructuración y fragmentación de los espacios y las formas de sociabilidad tradicional de la urbe que se produce en los años 90 con la hegemonía del «Consenso de Washington», lo cual generaría la subyugación de lo público y lo común por parte del capital; producía fracturas, desgastes, distensiones y disgregaciones sociales, que acelerarían y profundizarían la polarización social y espaciales existente, recrudeciendo así los conflictos sociales urbanos.

            El renacer del Petroestado desarrollista y la vuelta del nacionalismo petrolero en el gobierno del presidente Chávez, que además tendrá una carga discursiva profundamente popular y contrahegemónica, supondrán la constitución de un muro de contención a los procesos de «acumulación por desposesión», y la progresiva atenuación de las desigualdades sociales, económicas y culturales por medio de una serie de programas y procesos de inclusión y participación popular. Sin embargo, lejos de implicar esto una atenuación o disminución del conflicto social urbano, lo que comienza a configurarse es una resignificación, un reordenamiento y un notable redimensionamiento del mismo.

            Por un lado, el discurso y la organización popular en el Gobierno Bolivariano atraviesan todo el corpus de las disputas territoriales urbanas, politizándolas ‒potenciándolas o adormeciéndolas, dependiendo de los casos‒. Por otro lado, su programa político-económico de carácter distributivo reivindica el combate a la pobreza e intenta mejorar la capacidad de consumo de los ciudadanos, busca reconstruir y reformular institucionalmente los tejidos sociales desechos por el proceso neoliberal. Sin embargo, la dinámica fragmentadora de la hegemonía capitalista/rentista, la cual se va potenciando con el pasar de los años en el período de la Revolución Bolivariana, no sólo es una fuerza significativa para impedir procesos de transformación profunda, sino que acentúa la estructura polarizante tanto en términos espaciales, sociales y políticos, el propio entramado material y simbólico donde se produce y desenvuelve el redimensionamiento de las actuales disputas territoriales urbanas, que se intensifican en la medida en la que se agudiza la crisis del modelo rentista venezolano.

            Esto supone que, si bien el actual conflicto social en las calles de una ciudad como Caracas está atravesado por la lógica de la polarización político-partidista Gobierno-oposición, su dinámica propia la trasciende, la rebasa, e incluso la puede reformular. Aunque la clave geopolítica es fundamental para comprender cómo se desarrolla esta disputa urbana, esencial para el futuro de la región, hay que poner también atención a las territorialidades en configuración y a los procesos sociales moleculares, que en este caso son tan volátiles y cargados de potencia, que pueden desbordar la capacidad de control de los principales actores del escenario político nacional, sobre todo en la Venezuela post-Chávez, en la cual se presenta una situación de atomización y entropía que plantea altos niveles de incertidumbre sobre los panoramas futuros.

Extractivismo y operaciones de extracción: la guerra urbana de lo público, lo privado y los comunes

 

            Las sociedades y economías de América Latina se encuentran bajo una poderosa presión global de despojo que no sólo pretende beneficiar a los núcleos principales del capital mundial, en esta crisis sistémica y guerra por los recursos, sino que también intenta minar, debilitar y desintegrar los procesos de transformación de base popular que han ocurrido en la región en los últimos 15 años. En este sentido, esta lógica neoliberal de despojo funciona orgánicamente sobre la base de una doble operación de extracción, tal y como lo reconoce Sandro Mezzadra, que además de ejecutarse en zonas campesinas e indígenas rurales, semirurales y áreas de reserva natural, se produce también en las ciudades[1].

            Por un lado, el capital globalizado presiona en la actualidad para una reconfiguración y redimensionamiento de lo que hemos llamado, a partir de Fernando Coronil[2], la División Nacional de la Naturaleza, la manera en la cual el Petroestado venezolano ‒aunque no únicamente él‒ genera un (re)ordenamiento del espacio nacional en función de las dinámicas del mercado capitalista mundial ‒con China como uno de los actores principales‒, recolonizando los territorios por medio de una serie de proyectos extractivos que tienen como fin aumentar la cuota de “producción” petrolera, gasífera y minera, articulados regionalmente en los proyectos de “desarrollo” del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN, antiguo IIRSA) que interconecten por la vía de infraestructuras, la circulación de commodities, mercancías y consumidores a través del espacio geográfico[3]. De ahí la intensa disputa entre gobierno y oposición para controlar el aparato estatal.

            Pero retomamos esta idea de Mezzadra, de la doble operación de extracción, dado que el proyecto neoliberal globalizado no propone sostener una distribución social mínimamente justa de la renta del extractivismo, sino que requiere la transferencia masiva de capital y bienes comunes a los núcleos centrales del capitalismo ‒profundizando la ya marcada concentración de riqueza en pocas manos‒, por lo que se articula también con operaciones de extracción en la ciudad, que más allá de la explotación social del trabajo, apuntan también a la desposesión social de bienes comunes urbanos.

            En la Revolución Bolivariana, estos procesos de despojo han aparecido en buena parte bloqueados por fuerzas estatales y/o populares. En la ciudad de Caracas, en efecto, se refleja la disputa entre el Petroestado, por un lado, y el gran capital transnacional y nacional por el otro, que lucha por deshacer todas las barreras a la acumulación que sean necesarias disolver. Sin embargo, en otros sentidos y procesos, estas operaciones de extracción urbana fluyen, se hibridan en correlaciones de fuerzas moleculares, en una intensa batalla que no debe comprenderse únicamente como la confrontación entre gobierno y oposición. El Estado puede defender sujetos y territorios de los flujos destructivos de capital, pero en otros sentidos puede ser instrumentalizado por éste. Hay por tanto que atender, no sólo a la forma en la que el proyecto neoliberal persigue arrodillar al Petroestado para su función de acumulación/dominación, sino también en cómo este proyecto global intenta operar sobre las disputas moleculares que existen, con más intensidad sobre las urbanas, para canalizarlas hacia los intereses de las élites corporativizadas.

            La tradicional dicotomía que opone lo público y lo privado es insuficiente para describir el carácter de las disputas territoriales urbanas (y no urbanas), por tres razones:

a)     el carácter capitalista del Petroestado venezolano. Dado que una de las funciones históricas principales del Estado en el sistema capitalista mundial ha sido apalancar los procesos de acumulación de capital, sirviéndole a este de bisagra para administrar su territorio, sus “recursos” y su población, entonces lo “público” es una representación trascendental gestionada monopólicamente, que en la gran mayoría de los casos impide la posibilidad real de ejercicio directo del poder popular y de formas de autogobierno de los bienes comunes. De hecho, se produce históricamente la articulación de estos dos grandes poderes en una relación de complicidad;

b)    el hecho de que el aparato estatal es escenario de una intensa disputa de orden transnacional, en la cual las fuerzas de los grandes capitales globales buscan configurar una recomposición política del mismo que sea favorable a la apropiación del excedente por parte de las áreas centrales de la economía-mundo y a un posicionamiento geopolítico favorable. Esta transformación de la síntesis estatal apunta a la mutación de los factores de lo público hacia formas de expropiación, restricción, control, despojo y/o privatización;

c)     hay por tanto, procesos de pugnas territoriales en los cuales organizaciones populares y de pobladores, movimientos sociales, formaciones comunitarias y/o tejidos cooperativos, se enfrentan y disputan la soberanía local, la capacidad de ejercicio político, ante los poderes del capital y el Estado. De ahí que, a parte del público y el privado, se hable de un «sector común»[4], que en sus versiones más orgánicas respecto a los procesos de transformación popular en el país, representa un proyecto político alternativo pensado más allá de la función capital-Estado, más allá del “desarrollo”.

            De esta forma, lo que Raquel Gutiérrez Aguilar ha llamado los «entramados comunitarios», esa multiplicidad de mundos que desde la reciprocidad persiguen la reproducción de la vida en cuanto tal, no plenamente sujetos a las lógicas del capital[5], articulan mecanismos de defensa de sus derechos, territorios y bienes comunes, en algunos casos en alianza con el Gobierno Bolivariano, en otros en relaciones contradictorias y tensionadas con el mismo, o bien incluso en clara oposición a éste. En este sentido, presenciamos en estas disputas territoriales, expresiones de resistencias comunitarias, defensas de intereses grupales, y/o defensas populares de un proyecto nacional que ha girado primordialmente en torno al «Socialismo del siglo XXI» y al aún vigente liderazgo de la figura de Chávez, pero que no necesariamente se piensa y ejecuta en el territorio tal cual lo propone el gobierno nacional en sus lineamientos estratégicos.

            Sin embargo, es importante destacar que el sector de los comunes no está exento de contradicciones y tensiones, resaltando que el capital y el Estado se disputan la producción y reproducción de la subjetividad con el fin de adaptarla a sus intereses, al tiempo que buscan también minar, cooptar o destruir tejidos cooperativos. Lo que hemos llamado el «neoliberalismo mutante»[6], se reproduce también como una guerra biopolítica contra estas tramas cooperativas moleculares, que opera sobre el ámbito del cuerpo, el discurso, el territorio y los bienes comunes para la vida, lo cual genera contradicciones endógenas que dificultan la asunción del poder directo por parte de estas expresiones sociales alternativas.

Algunas coordenadas de la cartografía general actual del conflicto urbano en Caracas

 

            Es fundamental resaltar tres ámbitos claves sobre los cuales se desenvuelven muy buena parte de los conflictos urbanos en la ciudad de Caracas y que tienen una enorme importancia en la dinámica de la disputa política actual en Venezuela: a) la disputa por el territorio, la ocupación, la propiedad y la soberanía local; b) disputas en torno a la movilidad; y c) disputas en torno a los bienes comunes, en sus formas primarias o transformadas.

– Territorio, ocupación, propiedad y soberanía local: la reconfiguración y el redimensionamiento del conflicto social urbano en la Revolución Bolivariana supuso, entre otras cosas, una resignificación del derecho bajo la idea de una democracia radical, contrahegemónica y justicialista, que se afirma en la voluntad política de los sectores históricamente excluidos de avanzar y ocupar territorialmente. Esta voluntad política posee una gran potencialidad emancipatoria, pero también está profundamente atravesada por el deseo al acceso a los «modos de vida imperial» (U. Brand) y la socialización de la corrupción, impulsada por un sistema político que se alimenta de una cuantiosa renta petrolera de carácter inorgánica, una enorme cantidad de dinero fácilmente captado internacionalmente que genera amplias redes de poder paralelos para la distribución fraudulenta de la misma, y que penetra e influye en prácticamente todas las capas de la sociedad. Conviene resaltar tres dinámicas:

Ø La propiedad oligopólica de la tierra, el latifundio urbano, favorece procesos de apropiación y segregación territoriales capitalistas, que aparecen matizados por construcciones masivas de vivienda de carácter social por parte del Estado y habilitaciones físicas de algunos barrios, junto a ocupaciones populares en determinadas zonas de la ciudad. Diversas mediaciones políticas favorecen grandes desarrollos de infraestructura, posibles sólo para el gran capital, prevaleciendo la lógica del negocio inmobiliario. Desde mediados de los 80 se producen procesos de «gentrificación» en zonas del noreste de la ciudad (como La Florida, La Castellana, Campo Alegre, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán y Los Chorros), sustituyendo casas o inmuebles deteriorados por edificios residenciales destinados a sectores pudientes de la sociedad, con una expectativa cultural enaltecida, lo que constituye un aburguesamiento espacial que opera como mecanismo de segregación geosocial[7], que tiene importantes implicaciones en el conflicto social urbano actual. Por su parte, las nuevas residencias de la «Gran Misión Vivienda Venezuela» combinan una histórica reivindicación popular del “derecho a la vivienda”, con procesos de relocalización social en el espacio que en muchas ocasiones llevan a familias que habían habitado en zonas periféricas de la ciudad, a vivir en zonas de clase media/media-alta donde se ubican las nuevas construcciones, planteando una hibridación social que hace más evidentes algunas contradicciones de clase. Además, también cabe resaltar que estas viviendas de carácter social son permeadas en ocasiones por dinámicas de sociabilidad fraudulentas respecto al ejercicio de la propiedad y el poder en el territorio, fenómenos que se replican sobre territorios y propiedades en disputa a lo largo de la ciudad ‒como la ya célebre ocupación de la “Torre de David”‒, reflejando esto un proceso social de profunda fragmentación de la soberanía, donde la dinámica social parece ser regida principalmente por la fuerza y por redes organizadas de distinto tipo. El despliegue de la disputa social territorial en la ciudad, avanza hasta operar en todos sus intersticios.

Ø El espacio público, en muchos sentidos, no sólo se disputa entre los sujetos, el poder constituyente y/o los «entramados comunitarios», por un lado, y el capital y el Estado por el otro; sino que también, en este contexto de profunda fragmentación y de distensión de los tejidos societales, se producen pugnas entre grupos sociales ‒incluso de la misma clase‒ que persiguen una especie de micro-privatización o demarcaciones territoriales, en la medida en la que ocupan y delimitan un espacio determinado como “suyo”, lo cual refleja que la pérdida de los comunes puede también ser impulsada por la propia fuerza de sectores populares.

Ø En general, las movilizaciones de calle más allá de las agendas planteadas por los partidos políticos y la dinámica de polarización que en ellas se inscriben, han sido severamente minimizadas y profundamente cooptadas, aunque en los últimos años de la Revolución Bolivariana han crecido levemente.

            Los procesos de gentrificación, las demarcaciones territoriales moleculares y formas sociales de micro-privatización, la lucha de clases politizada en el país, y la profundización de la crisis del capitalismo rentístico nacional, acentúan la tendencia a la fortificación de las zonas de privilegio que se produce en la ciudad desde los años 90, por medio de la construcción de altos muros, segmentaciones, alcabalas, sistemas de vigilancia privada, circuitos cerrados de grabación y cercados eléctricos, lo que además de marcar un horizonte de feudalización de la urbe, restringen aún más el acceso al espacio público. En la medida en que las condiciones económicas empeoren, o bien la polarización política se tense aún más, la disposición a la defensa del territorio y de la propiedad pueden escalar hacia formas bélicas urbanas muy diversas.

            Las formas más acabadas del fascismo en Venezuela están muy bien delineadas por estas tensiones territoriales y moleculares de clase, y se inscriben en esta progresiva feudalización de la ciudad. La estrategia general contrainsurgente de las «guarimbas», localizadas en su gran mayoría en zonas aburguesadas, muestran el vínculo entre la crisis del capital, la acumulación por desposesión y el fascismo molecular urbanizado. Lo que el arquitecto Rocco Mangieri ha llamado la «post-barricada», no constituye ya un símbolo de defensa y resistencia, sino un muro de barrera o separación espacial[8], que tiene como principal objeto de negación a su alteridad geográfica: el “barrio” y su gente. El fascismo intenta constituir comunidades cerradas desde una concepción radical de exclusión de la alteridad, sobre la base de una territorialidad en la cual el “adentro” se enfrenta de manera extrema con el “afuera”, y fundamentado en un proyecto político que en su esencia, atenta contra los comunes y privilegia la lógica de individuación social urbana.

– Movilidad, velocidad y acceso a la “ciudad formal”: la reestructuración de la ciudad en el capitalismo rentístico contemporáneo configuró la segregación socio-espacial que la caracteriza, primordialmente en torno al automóvil, un tipo de movilidad privilegiada y exclusiva que ha facilitado el acceso al llamado “derecho a la ciudad” para quienes poseen este tipo de medio de transporte. Los barrios de Caracas, ubicados muy buena parte de ellos a los márgenes o en los intersticios de la llamada “ciudad formal” y de las zonas de privilegio, han contado históricamente con un sistema público de transporte en muchas ocasiones precario, escaso e inseguro, que favorece a las dinámicas de segregación social.

            El aumento de la capacidad de consumo de los sectores populares en la Revolución Bolivariana, el tener la gasolina más barata del mundo, y factores relacionados con los tipos de trabajo desempeñados ‒entre otros‒, han impulsado un muy notorio auge social del uso de la motocicleta como medio de transporte[9], primordialmente en los pobladores y pobladoras de los barrios caraqueños, dándole un marcado carácter de clase a este tipo de movilidad, y construyendo un imaginario social en el cual se relaciona a la moto con el poblador del barrio, y en el cual la moto, se convierte en instrumento referencial para construir subjetividad en las clases subalternas.

            En la actualidad, presenciamos en torno a la movilidad, una intensa disputa y competencia por el espacio, en especial en las calles, avenidas, autopistas, urbanizaciones y barrios de Caracas, que a juicio del investigador Enrique Rey, es el trasfondo de una lucha política por el “derecho a la ciudad”[10], marcada claramente por una lucha de clases, donde la moto tiene un papel fundamental en su pugna con el automóvil, asociado este generalmente a las clases medias, técnicas y acomodadas. Esta disputa obviamente también ha sido atravesada por las formas político-partidistas hegemónicas que intentan encauzar una serie de fuerzas populares hacia intereses políticos diversos.

            El terror evidente de las clases pudientes de la ciudad a los motorizados, no solo es expresión de una vieja categorización de discriminación clasista/colonial alrededor del barrio caraqueño, sino que también refleja los condicionamientos de una cruda lucha de calle que puede incluir desde la destrucción de retrovisores de autos, hasta casos de una serie de delitos que se realizan en este vehículo de dos ruedas, pero que sin embargo no puede resumirse sólo a esto, obviando por un lado, que la disputa violenta en la movilidad se da en todos los medios de transporte (no sólo en las motos), y por el otro, el trabajo reproductivo y el proceso afirmativo de los trabajadores/motorizados, que cumplen una función fundamental en la sociedad venezolana. En este sentido, los “colectivos de motorizados” han sido representados maniquea y universalmente en la discursividad de los partidos políticos de la oposición venezolana y sus seguidores, como una especie de “fuerzas del mal” que se contrapondrían a la libertad de lo que han llamado la “sociedad civil”, categorización que, de nuevo, reproduce el viejo binomio colonial bárbaro-civilizado.

            Lo que es importante resaltar es que el notable crecimiento cuantitativo de los motorizados en la ciudad, y la construcción de un sólido tejido de solidaridad mecánica y conciencia de gremio y de clase que existe entre estos, les ha permitido cobrar un carácter relativamente autónomo y un importante potencial político-territorial a partir de este tipo de movilidad ‒«no estamos ni delante ni detrás, sino a su lado presidente», decía con propiedad una vocera de los “motorizados y motorizadas por la paz y la vida” en encuentro realizado en Miraflores en presencia del presidente Nicolás Maduro (24 feb. 2014)[11]‒. Los motorizados representan una fuerza de enjambre y disputan la vital movilidad de la ciudad, conectándose con las disputas por el territorio, mediante diversos mecanismos que si bien podrían tener un enorme potencial emancipatorio, a su vez podrían ser canalizados hacia formas represivas.

– Acceso a los bienes comunes y a los «modos de vida imperial»: en Venezuela, los patrones sociales de consumo hegemonizados en el capitalismo rentístico contemporáneo, que se reflejan en una de las 4 «huellas ecológicas» (consumo de hectáreas globales por persona) más altas de Latinoamérica, están haciendo que la biocapacidad del país (hectáreas globales por habitante) y el ritmo de su eco-regeneración, estén comenzando a ser superados por esta dinámica intensiva consumista de perfil profundamente urbano[12]. El modelo extractivo petrolero venezolano es un modelo de intensa capitalización de la naturaleza a varias escalas. El proceso de continua densificación espacial y social de una ciudad como Caracas, lo cual se da de la mano de la profundización del extractivismo petrolero, gasífero, minero, maderero, entre otros, en el proyecto político nacional, apunta a empeorar la huella ecológica y la translimitación de la biocapacidad territorial del país y de la ciudad.

            Hay pues, en torno a los bienes comunes en la ciudad, un escenario político-social que se desenvuelve en dos vertientes: a) una situación futura en la cual hay cada vez más pobladores y pobladoras comprimidos en una ciudad de escalas relativamente pequeñas, y que deben disputarse unos bienes comunes urbanos que están cada vez menos disponibles respecto al crecimiento poblacional, que son privatizados por el capital o por fuerzas de carácter territorial, subvirtiendo su carácter común, o que son degradados, haciendo que su utilidad se haga cada vez más precaria. Y b) la creciente carencia de bienes comunes para la vida debe ser suplida por una importación proporcional de naturaleza de otros territorios ‒la cual también se va degradando por nuevos o continuados proyectos extractivos y/o la lógica depredadora del “desarrollo” en esos sitios‒, o por la adquisición de bienes de consumo por la vía de la renta petrolera, que en este caso debe ser captada en una mayor cuantía progresivamente, para evitar el riesgo de no cumplir no sólo con las necesidades de la población, sino también con las arraigadas y crecientes expectativas de los «modos de vida imperial».

            La guerra económica que se vive en Caracas y otras ciudades del país, expresa que las consecuencias de la territorialidad que se configura en el capitalismo rentístico contemporáneo determinan una lógica transnacionalizada de destrucción y despojo de los bienes comunes, con la progresiva instauración de la pobreza y la dependencia social, la cual, en una situación extrema (acaparamiento/desabastecimiento a niveles críticos), no podría resolverse ni siquiera por la intermediación del dinero ‒que las clases trabajadoras obtienen por el alquiler de su fuerza de trabajo y/o por el ejercicio de varias formas de comercio “informal”‒.

            Esto refleja que las luchas moleculares en el escenario urbano, directa e indirectamente conllevan a una lucha por los bienes comunes para la vida, aunque las reivindicaciones de estas luchas no sean conscientes de ello, y aunque puedan aparecer desvinculadas estas disputas en las ciudades, de los «conflictos ecoterritoriales» en áreas rurales, campesinas e indígenas[13].

            La dinámica actual de la disputa por los bienes comunes en la ciudad es por tanto la expresión de una lucha de orden geopolítico, pero también refleja la territorialidad de un modelo extractivo rentista en crisis, que es vulnerado en sus profundas asimetrías. En la medida en la que se profundice esta específica configuración territorial y los rasgos concretos de los enclaves urbanos nacionales, se intensificará la situación entrópica del capitalismo rentístico venezolano, en profunda conexión con la crisis civilizatoria global.

Dos frentes de lucha

 

            La crisis civilizatoria y la del propio modelo capitalista/rentista venezolano amplían cada vez más las dificultades institucionales y formales para canalizar los conflictos territoriales, principalmente los urbanos, que son mucho más complicados y enrevesados. Es esencial pues, operar desde dos frentes de lucha: un frente estructural y geopolítico, en el cual diversos movimientos sociales, de pobladores y pobladoras, organizaciones populares, y asociaciones ciudadanas, disputen al status quo el ejercicio del poder y busquen reconfigurar el carácter del proyecto nacional-estatal y regional, con miras a iniciar el tránsito a nuevos modelos sociales de inclusión, sobre la base de estilos de vida sostenibles, ecológicos y de escala humana; acceso democrático a los bienes comunes e impulso al sector común; y mecanismos políticos de participación, descentralización y autogobierno. Existe un volátil margen de maniobra inicial desde lo institucional, que se hace más favorable en la medida en que el bloque político “gobernante” tiene un carácter más popular, y que permite actuar desde ya, no sólo en políticas que apunten a formas de transiciones post-rentista[14] y post-extractivistas, sino primordialmente a mecanismos que reviertan la crisis e inviabilidad del capitalismo rentístico nacional.

            El otro frente de lucha, el más importante, el molecular y reticular, es de carácter constitutivo y su fuerza originaria está en los gérmenes de la autorganización popular/territorial; en los arraigos de las culturales locales; en la disputa por la calle y los espacios públicos ‒que se da contra el capital, las formas corporativas estatales y ahora, más que nunca, contra el fascismo‒; en la formación de bases productivas de autosustentación que permitan la construcción de autonomía popular, pero también de contingencia ante la agudización de la crisis del capitalismo; y en los procesos de resistencia contra las diversas operaciones de extracción, tanto urbanas como rurales.

            Por esta razón es importante conectar espacios y luchas que aparecen desvinculados, mostrando que el “derecho a la ciudad” que se ha reivindicado hegemónicamente también se ha configurado sobre los «modos de vida imperial» propios de los centros del sistema-mundo, y sobre la extracción masiva de naturaleza en áreas campesinas, territorios indígenas y/o reservas naturales. Hasta ahora ha habido gran dificultad para comunicar las luchas por el “derecho a la ciudad” con las luchas contra el extractivismo, que en conjunto sintetizan la dinámica reproductiva del capitalismo rentístico venezolano. Queda la pregunta, ¿cómo lograr involucrar la lucha urbana con los conflictos ecoterritoriales extractivos, que parecieran en cierta forma apuntar hacia modos de vida significativamente diferentes?

Emiliano Terán Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG

Fuentes consultadas

 

– BOLLIER, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state. David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012.

– CLINÄMEN. Brighenti, Maura. Extractivismo y política de lo común: entrevista a Sandro Mezzadra. Serie Nuevo conflicto social. Lobo Suelto! 9 de diciembre de 2013. Disponible en: http://anarquiacoronada.blogspot.com/2013/12/serie-nuevo-conflicto-social.html. Consultado: [13/12/2013].

– CORONIL, Fernando. El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Nueva Sociedad. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2002.

– GUTIÉRREZ Aguilar, Raquel. «Pistas reflexivas para orientarnos en una turbulenta época de peligro». En: Gutiérrez Aguilar, Raquel (editora). Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Textos Rebeldes. Cochabamba, diciembre de 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/159158963/Palabras-para-Tejernos-Resistir-y-Transformar-en-la-epoca-que-estamos-viviendo-pdf. Consultado: [13/05/2014].

– INSTITUTO Nacional de Estadísticas. Censo 2011. Resultados Básicos. República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 09/08/2012.

– MANGIERI, Rocco. El revés de la multitud y la post-barricada: espacio urbano, terrorismo y ghettos. Ponencia presentada el 21 de mayo de 2014 en el simposio “Pensar la ciudad: realidades, procesos y utopías”. CELARG, 20 al 23 de mayo de 2014. Caracas.

– REY Torres, Enrique. Caracas: territorialidades en disputa. Ponencia presentada el 21 de mayo de 2014 en el simposio “Pensar la ciudad: realidades, procesos y utopías”. CELARG, 20 al 23 de mayo de 2014. Caracas.

– SVAMPA, Maristella. «Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?», en: AbyaYala Universidad Politécnica Salesiana. Fundación Rosa Luxemburg (coordinadores). Más allá del desarrollo. Fundación Rosa Luxemburg/AbyaYala. Caracas, 2011.

– TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013) . Rebelión. 21/10/2013. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/175965.pdf. Consultado: [21/10/2013].

– TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista. ALAI, América Latina en Movimiento.
19 de diciembre de 2013. Disponible en: http://alainet.org/active/69954. Consultado: [19/12/2013].

– VENEZOLANA de Televisión. 24 FEB 2014 Gran Marcha y Concentración de Motorizados Por La Paz y Vida. Archivo de video publicado en Youtube el 25/02/2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=28j_EFEqLlI. Consultado: [25/05/2014].

– WWF Internacional. Instituto de Zoología. Red de la Huella Global. Agencia Espacial Europea. Planeta Vivo. Informe 2012. WWF Internacional Gland, Suiza. 2012. Disponible en: http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf. Consultado: [10/07/2013].

[1] En: CLINÄMEN. Brighenti, Maura. Extractivismo y política de lo común: entrevista a Sandro Mezzadra. Mezzadra hace la distinción entre estas “operaciones de extracción” en la ciudad y los procesos de explotación del trabajo en la misma.

[2]CORONIL, Fernando. El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. p.33. Coronil ha planteado el concepto de «División Internacional de la Naturaleza» para mostrar cómo la base material de la División Internacional del Trabajo se determina en la dominación de la naturaleza, que además es un valor invisibilizado o marginado, al momento de representar la riqueza de las naciones en la modernidad.

[3] Las bases de estos proyectos se encuentran en el Plan de la patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019.

[4] Cfr. Bollier, David. Helfrich, Silke. «The Commons as a transformative vision», en: BOLLIER, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state.

[5] Cfr. GUTIÉRREZ Aguilar, Raquel. «Pistas reflexivas para orientarnos en una turbulenta época de peligro». En: Gutiérrez Aguilar, Raquel (editora). Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. pp. 35-38.

[6] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). pp.14-17

[7] El concepto de gentrificación entonces, nos remite al desplazamiento de la población de un sector, barrio o urbanización, dado que no puede seguir pagando los precios y alquileres del sector remodelado, para ser esta reemplazada por capas de la sociedad con mayores niveles adquisitivos.

[8] Cfr. MANGIERI, Rocco. El revés de la multitud y la post-barricada: espacio urbano, terrorismo y ghettos.

[9] A pesar de que la proporción de hogares en el país con disponibilidad de automóviles y de bicicletas

disminuyó entre 2001 y 2011, respecto a la moto se duplicó y más. Cfr. INSTITUTO Nacional de Estadísticas. Censo 2011. Resultados Básicos. p.28.

[10] Cfr. REY Torres, Enrique. Caracas: territorialidades en disputa.

[11] Cfr. VENEZOLANA de Televisión. 24 FEB 2014 Gran Marcha y Concentración de Motorizados Por La Paz y Vida. Este encuentro deja interesantes posicionamientos y narrativas políticas por parte de los voceros de los diversos colectivos de motorizados bolivarianos, para pensar en estas construcciones de autonomía popular.

[12] Cfr. WWF Internacional et al. Planeta Vivo. Informe 2012. pp.143-144. Sólo México y Venezuela tienen una cuenta ecológica en rojo en América Latina. La deuda ecológica de Venezuela se determina por una «huella ecológica» de 3,02 hectáreas globales por persona, que supera la «biocapacidad total» de 3 hectáreas globales por habitante, lo cual se mide en un margen de tiempo determinado.

[13] Sobre el concepto de giros y conflictos «ecoterritoriales», véase: Svampa, Maristella. «Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?», en: ABYA Yala Universidad Politécnica Salesiana. Fundación Rosa Luxemburg (compiladores). Más allá del desarrollo. pp.185-216.

[14] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista.

http://alainet.org/active/74095

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