Apoyá la declaración de emergencia en materia de niñez y juventud de la ciudad de Rosario

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Nuestro país experimentó en las últimas décadas un marcado proceso de transformación, acorde a los requerimientos de la nueva etapa del modo de producción capitalista, que implicó instalar en toda Latinoamérica mediante sangrientas dictaduras cívico-militares, un modelo económico-político-social y cultural denominado neoliberalismo.

Las consecuencias más gravosas de este modelo se relacionan con los altos índices de desocupación, el abrupto aumento de la pobreza y de la desigualdad, en el marco de un Estado que también fue reformulando sus funciones, alcances e intervenciones. En el plano de lo social, esta reforma del estado, implicó el pasaje de una visión universalista a la hora de entender las políticas sociales, a una mirada focalizada a atender necesidades concretas, que derivaron en una clara intervención asistencialista para mantener dentro de ciertos límites los contextos de pobreza de amplios sectores de la sociedad, más nunca en transformar las condiciones materiales y culturales de existencia de esos sectores, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

Acorde la lógica neoliberal, la intervención va dirigida hacia aquellos grupos o sectores pobres, que han caído en la pobreza por sus propias limitaciones. Durante tres décadas fuimos asistiendo a un proceso de transformación de la intervención social basada en la protección estatal (derechos sociales y construcción de ciudadanía) hacia la desprotección estatal a partir de la aplicación de las recetas neoliberales.

Asimismo, los crecientes procesos de exclusión y marginación han corrido en paralelo con el fortalecimiento, recrudecimiento y amplificación del aparato represivo en todas sus facetas (lo que algunos denominan inflación penal), que incluye el aumento de las penas, las reformas procesales para restringir las excarcelaciones y las libertades condicionales, la construcción de nuevas cárceles, el aumento de la población privada de libertad (en un gran porcentaje cumpliendo prisión preventiva), el crecimiento de las agencias de seguridad estatales (armas, patrulleros, helicópteros, equipamiento, cámaras de vigilancia), el aumento de las agencias de seguridad privada, la aprobación de leyes antiterroristas y la inmensa cantidad de causas iniciadas por protestas o luchas populares.

En otras palabras, a partir de la década del 1990 la estructura social en Argentina sufrió grandes transformaciones, que fueron acompañadas por procesos de naturalización de la desigualdad y fragmentación social, habiendo sido la criminalización de la pobreza un elemento central de esos procesos de naturalización, induciendo a percibir a los sectores más empobrecidos como poblaciones peligrosas, amenazantes. Ante esta “amenaza” se estructuraron respuestas que no apuntan a revertir la desigualdad, sino más bien a una “gestión” que permita la neutralización del peligro que comporta.

En todo este proceso, es emblemática la situación de los jóvenes pobres de barrios populares, ya que sobre esos barrios y esos grupos se consolidan las ideas de peligrosidad social, construyendo una estigmatización que habilita intervenciones de corte represivo, percibiéndolos no como víctimas de un sistema social injusto, sino como sujetos que es intolerable incluir. Sin embargo, remitiéndonos a datos cuantitativos, podemos observar que según las estadísticas oficiales trabajadas por el Grupo de Estudio sobre el Sistema Penal y los Derechos Humanos (GESPyDH), los hechos violentos cometidos por jóvenes representan una cifra ínfima en relación a la cifra total de homicidios (entre 10 y 15 homicidios cometidos por menores de 16 años, de un total de 1900 casos). Lo que demuestra que las respuestas punitivas fortalecen el hostigamiento a jóvenes vulnerables de los barrios más humildes, a través de la misma policía que se encuentra implicada en la trama de narcotráfico, redes de trata, coimas y casos de “gatillo fácil”. Este tipo de visiones hacia la juventud encarnan una ideología más cercana a la defensa social que a la restitución de derechos, puesto que para la defensa social, el delincuente es un otro peligroso, amenazante, de quien hay que protegerse y a quien se debe neutralizar o incapacitar.

Quienes trabajamos en contacto directo y cotidiano con jóvenes que son seleccionados por las instituciones que conforman la cadena punitiva (policía, poder judicial) sabemos que existe un denominador común: las personas que transitan por esta cadena son siempre jóvenes, pobres y en situación de vulnerabilidad.

Uno de los datos más alarmantes que demuestra la desprotección y la violencia a la cual están expuestos, son los apremios policiales que sufren cuando son detenidos: casi el 40% de los jóvenes que ingresan al IRAR llegan torturados o maltratados desde una comisaría. A ello se agregan las muertes violentas: entre enero de 2010 y septiembre de 2013, 33 jóvenes que transitaron por el IRAR en ese período han muerto a raíz de “enfrentamientos” con la policía (de dudoso esclarecimiento) o entre bandas, y dos de ellos fallecieron dentro del IRAR por ahorcamiento.

Asimismo, en torno al negocio del narcotráfico, además de ser las víctimas de esta actividad criminal, ya que son explotados, esclavizados, o asesinados, se procesa a los menores de entre 16 y 18 años por trabajar en búnkers de droga, utilizándolos como chivos expiatorios en lugar de brindarles un tratamiento político y social.

Hoy en día son los pibes de los barrios las principales víctimas de la ferocidad del sistema que los tres niveles de gobierno se ocupan en gerenciar, más nunca en combatir. Entendemos que es necesaria una profunda transformación del orden social actual, si queremos vivir en una sociedad igualitaria y cambiar profundamente la realidad de los pibes. Las políticas sociales implementadas (AUH, PROGRESAR, Volver a la escuela, etc.) son insuficientes para transformar las condiciones de vulneración, fragilidad, precariedad, que están siempre presentes a la hora de hacer diagnósticos sobre la población infanto-juvenil, así como sobre las condiciones de trabajo y el salario de quienes trabajamos con esta población. Esto refleja que no son prioritarias las políticas sociales destinadas a la niñez y juventud, a lo que se agrega la discontinuidad de los lineamientos de trabajo, que responden a la lógica de “hacer lo que se puede con lo que se tiene” y no a la de “hacer lo que se debe”, en consideración a las necesidades de la comunidad.

En este sentido, en una nota publicada el 16/06/2013 en Página/12 el Secretario General de la Municipalidad, Jorge Elder, declaraba que “hay un grupo de entre 1.500 y 2.000 jóvenes de 16 a 24 años a los que las políticas del Estado no le llegan”. A confesión de parte, relevo de prueba, podríamos decir. A ello podemos agregar que según lo publicado en el diario La Capital del 24/06/2013, la Ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, reconocía que “el abandono de la escuela secundaria varía de región en región e inclusive entre colegios de la misma localidad, el índice general ronda el 18 por ciento”.

Se requiere una urgente intervención estatal, que incorpore como horizonte y como clave la prioridad de las políticas sociales destinadas a la infancia y a la juventud, prioridad que debe cristalizarse en el aumento presupuestario para las agencias que atienden a esta población, en terminar con la precarización laboral, en garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, en garantizar el ejercicio del derecho a la salud, a la recreación, al juego, a la vivienda y que conciban a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho, acorde a las leyes. En la actualidad contamos con un cúmulo de normas, nacionales e internacionales, que obligan al Estado a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, la realidad nos muestra algo muy diferente a los preceptos legales.

Por todo lo expuesto, y lo obviado en honor a la brevedad, entendemos urgente, necesario e impostergable declarar la EMERGENCIA EN MATERIA DE NIÑEZ Y JUVENTUD en la ciudad de Rosario, no como una solución mágica para la situación planteada, sino como un paso más en la construcción de una sociedad más justa, donde los niños, niñas y jóvenes puedan vivenciar la experiencia de ser plenos sujetos de derechos, es decir, plenos ciudadanos. Esta declaración permitía aumentar el presupuesto asignado a las políticas destinadas a niños, niñas y jóvenes, priorizando las políticas sociales y las intervenciones estales en esta materia, abonando a un efectivo cumplimiento de los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y las leyes (nacional) 26061 y (provincial) 12097, de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Asamblea por los derechos de la niñez y juventud

FIRMÁ LA PETICIÓN

http://chn.ge/RSm5Bf

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